Guía para comprender la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética de España
España cuenta por primera vez con una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que fue aprobada por el Congreso de Diputados el pasado 13 de mayo. Dicha ley responde al compromiso asumido por España como miembro de la Unión Europea y la ruta hacia una la descarbonización y el cumplimiento del Acuerdo de Paris. La Ley pone en centro de la política la acción climática, además de proclamarse como una oportunidad única desde el punto de vista económico y social en el país. Objetivos principales de la Ley Cuatro son los objetivos mínimos establecidos para el año 2030:
Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 23 % respecto del año 1990.
Alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42 %.
Alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovable.
Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5 %, con respecto a la línea de base conforme a normativa comunitaria.
Además, la Ley establece el compromiso cero emisiones netas, es decir, España deberá alcanzar la neutralidad climática antes de 2050, y su sistema eléctrico se deberá basar exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable. 5 puntos clave que debes saber
Energías renovables y eficiencia energética
Uno de los principales impulsos para la reactivación de la economía será la penetración de las energías renovables en el mix energético del país. Se espera que a la vez que se impulsa la descarbonización también se mejore la competitividad empresarial e industrial. Para ello, se propone una reforma del sector eléctrico que deberá efectuarse en un plazo de 12 meses. Además, se propone, por un lado, la Ley de Propiedad Horizontal, con el objetivo de facilitar el acceso a las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, a desarrollar en un plazo máximo de un año. Y, por otro lado, la elaboración de un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana con el fin de mejorar el parque edificado y cumplimentar los indicadores de eficiencia energética establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), así como abordar los objetivos de la Agenda Urbana Española.
Transición energética y combustibles
La intención de la nueva Ley es acabar con el imperio de los combustibles fósiles, responsables de aproximadamente dos tercios de las emisiones globales de CO2, según Naciones Unidas. El Gobierno fomentará, mediante la aprobación de planes específicos, la penetración de los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable o que permitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos de origen animal o vegetal. Además, pretende acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles y no admitirá nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, de minerales radiactivos sobre energía nuclear.
Movilidad sin emisiones y transporte
Uno de los objetivos más ambiciosos de esta Ley es alcanzar para 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. La Ley tiene como protagonista a la movilidad urbana, por ejemplo, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán planes de movilidad urbana sostenible, no más tarde de 2023, e introducirán medidas de mitigación que permitirán reducir las emisiones derivadas de la movilidad. La movilidad marítima es otro de los focos de esta Ley, dado el peso que tiene la protección del ecosistema marino dentro de nuestro país y deberá adoptar medidas para la reducción paulatina de las emisiones generadas por el consumo de combustibles fósiles de los buques, embarcaciones, artefactos navales y plataformas físicas cuando estén amarrados o fondeados en los puertos, con un fin de lograr las cero emisiones directas de éstos.
Medidas de adaptación a los efectos del cambio climático
La mitigación de los efectos del cambio climático es igual de importante que la adaptación a los nuevos escenarios del futuro. Es por ello, por lo que la Ley propone un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) con el propósito de definir los objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para fomentar la resiliencia y la adaptación frente al cambio climático. El mismo, se materializará a través de programas de trabajo, a aplicar en periodos de cinco años, y mediante planes sectoriales de adaptación. Asimismo, se prevén medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático.
Medidas de transición justa
Estas medidas, que tienen el mismo objetivo que la Agenda 2030, se plasmarán en la Estrategia de Transición Justa que se publicará cada cinco años. Su objetivo se basa en optimizar las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacía una economía baja en emisiones de gases de efecto. Todo ello se articulará en base a los Convenios de Transición Justa desarrollado con la participación de las Comunidades Autónomas, entidades locales y agentes sociales y económicos. FUENTE: FACTOR CO2
Además, la Ley establece el compromiso cero emisiones netas, es decir, España deberá alcanzar la neutralidad climática antes de 2050, y su sistema eléctrico se deberá basar exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable. 5 puntos clave que debes saber
Uno de los principales impulsos para la reactivación de la economía será la penetración de las energías renovables en el mix energético del país. Se espera que a la vez que se impulsa la descarbonización también se mejore la competitividad empresarial e industrial. Para ello, se propone una reforma del sector eléctrico que deberá efectuarse en un plazo de 12 meses. Además, se propone, por un lado, la Ley de Propiedad Horizontal, con el objetivo de facilitar el acceso a las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, a desarrollar en un plazo máximo de un año. Y, por otro lado, la elaboración de un Plan de Rehabilitación de Viviendas y Renovación Urbana con el fin de mejorar el parque edificado y cumplimentar los indicadores de eficiencia energética establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), así como abordar los objetivos de la Agenda Urbana Española.
La intención de la nueva Ley es acabar con el imperio de los combustibles fósiles, responsables de aproximadamente dos tercios de las emisiones globales de CO2, según Naciones Unidas. El Gobierno fomentará, mediante la aprobación de planes específicos, la penetración de los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable o que permitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos de origen animal o vegetal. Además, pretende acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles y no admitirá nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, de minerales radiactivos sobre energía nuclear.
Uno de los objetivos más ambiciosos de esta Ley es alcanzar para 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. La Ley tiene como protagonista a la movilidad urbana, por ejemplo, los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán planes de movilidad urbana sostenible, no más tarde de 2023, e introducirán medidas de mitigación que permitirán reducir las emisiones derivadas de la movilidad. La movilidad marítima es otro de los focos de esta Ley, dado el peso que tiene la protección del ecosistema marino dentro de nuestro país y deberá adoptar medidas para la reducción paulatina de las emisiones generadas por el consumo de combustibles fósiles de los buques, embarcaciones, artefactos navales y plataformas físicas cuando estén amarrados o fondeados en los puertos, con un fin de lograr las cero emisiones directas de éstos.
La mitigación de los efectos del cambio climático es igual de importante que la adaptación a los nuevos escenarios del futuro. Es por ello, por lo que la Ley propone un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) con el propósito de definir los objetivos, criterios, ámbitos de aplicación y acciones para fomentar la resiliencia y la adaptación frente al cambio climático. El mismo, se materializará a través de programas de trabajo, a aplicar en periodos de cinco años, y mediante planes sectoriales de adaptación. Asimismo, se prevén medidas para la protección de la biodiversidad y sus hábitats frente al cambio climático.
Estas medidas, que tienen el mismo objetivo que la Agenda 2030, se plasmarán en la Estrategia de Transición Justa que se publicará cada cinco años. Su objetivo se basa en optimizar las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacía una economía baja en emisiones de gases de efecto. Todo ello se articulará en base a los Convenios de Transición Justa desarrollado con la participación de las Comunidades Autónomas, entidades locales y agentes sociales y económicos. FUENTE: FACTOR CO2
